22 Oct La nueva Ley de Contratos del Sector Público favorecerá la participación de las pymes en la contratación pública

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), entró en vigor el pasado 9 de marzo de 2018, introduciendo importantes modificaciones respecto de la contratación con entidades públicas. Entre las más importantes encontramos la eliminación del negociado de precio y la creación de un órgano de vigilancia de la contratación, pero existen otros aspectos a resaltar. La nueva Ley impulsa y promueve la existencia de una mayor transparencia en el Sector Público, lo que ya viene siendo reclamado desde hace años por diversos sectores, especialmente tras ciertos escándalos de corrupción que han salpicado a algunas entidades públicas y que han puesto en algunos casos en evidencia la falta de controles robustos y de fiscalización en materia de contratación pública.

La nueva Ley introduce una serie de medidas que tienden a favorecer la participación de las pymes en la contratación pública:

• Se simplificarán los procedimientos administrativos, que suponían un obstáculo para muchas pymes con capacidad limitada para gestionarlos.
• Más y mejor información: todos los contratos adjudicados por las entidades públicas a partir de 5.000 euros se deberán inscribir en el Registro de Contratos del Sector Público. Todos ellos serán de acceso público e incluirán información completa, lo que facilitará a las pymes las decisiones sobre su participación.
• Según la nueva Ley la competencia no será exclusivamente a nivel económico, sino que se valorará relación calidad-precio. Esto mejorará la posición de las pymes, que tienen una menor capacidad para competir en precio.
• Las licitaciones se dividirán en lotes, de manera que tanto el objeto como la cuantía de los contratos serán más fácilmente asumibles por las pymes.
• En algunos casos no será necesario acreditar experiencia previa, lo que facilitará el acceso a los emprendedores.
• Con la nueva Ley los licitadores no podrán demorar el pago a los proveedores. Esto facilitará el acceso de las pymes, que tienen menor capacidad para soportar los retrasos en los pagos.